La «prestación pública patrimonial no tributaria», así se denomina oficialmente al gravamen que el gobierno quiere imponer a las empresas energéticas y bancarias durante los próximos dos años para que contribuyan con 7.000 millones de euros a afrontar los gastos sociales consecuencia de la alta inflación existente, ha dado su primer paso al ser presentada en el Congreso la proposición de ley por el grupo socialista y el de Unidas Podemos. Ahora se iniciará una compleja negociación política con el resto de los grupos políticos para tratar de conseguir la mayoría suficiente para que sea una realidad. Leer
Impuesto para fomentar el pacto de rentas
