La «prestación pública patrimonial no tributaria», así se denomina oficialmente al gravamen que el gobierno quiere imponer a las empresas energéticas y bancarias durante los próximos dos años para que contribuyan con 7.000 millones de euros a afrontar los gastos sociales consecuencia de la alta inflación existente, ha dado su primer paso al ser presentada en el Congreso la proposición de ley por el grupo socialista y el de Unidas Podemos. Ahora se iniciará una compleja negociación política con el resto de los grupos políticos para tratar de conseguir la mayoría suficiente para que sea una realidad. Leer