Las organizaciones empresariales celebran la extensión de un año en el plazo para aplicar las obligaciones de la Ley Antifraude, mientras que los fiscalistas afirman que haberlo hecho con menos de un mes de antelación supone un agravio para las pymes que han invertido en aplicarlo. Leer
Desconcierto entre empresas y profesionales por la prórroga de Verifactu a última hora
