El Tribunal sostiene que el país está sujeto a las reglas internacionales del Tratado de la Carta de la Energía y rechaza que el Estado tenga «inmunidad soberana» para sortear el pago. Abre la puerta a que los fondos afectados puedan reclamar el embargo de bienes para ejecutar los laudos. Leer
El Supremo australiano tumba la estrategia de España para evitar pagar los arbitrajes de las renovables
