El Tribunal obliga a los jueces que autoricen las pesquisas a controlar, a posteriori, la correcta actuación de los funcionarios. Recuerda que no se pueden usar contra otros contribuyentes las pruebas encontradas si luego son anuladas. Leer
El Supremo pone coto a los «excesos» de Hacienda en los registros de domicilios y empresas
