La propuesta legislativa condiciona las ayudas públicas y las licitaciones a que se cuente con la nueva etiqueta ‘Made in Europe’ en actividades como la automoción, las tecnologías limpias y las industrias de alto consumo energético. Establece condiciones de reciprocidad para que los socios de confianza puedan computar como europeos a estos efectos. Leer
Bruselas exige «fabricación europea» para blindar el uso de dinero público en sectores críticos
