Los magistrados avalan que, en los casos de vaciamiento patrimonial, la Agencia Tributaria derive la responsabilidad sin la previa declaración por parte de la Administración calificando de «simulación negocial» los contratos. Sin embargo, el Tribunal exige una gran fuerza probatoria a la Agencia Tributaria. Leer
El Supremo da vía libre a Hacienda para perseguir a testaferros y colaboradores
