La obligatoriedad de dar audiencia previa a los trabajadores antes de poder ejecutar el cese y el hecho de que el procedimiento no esté legislado sino que derive de la jurisprudencia eleva la incertidumbre entre los empleadores. Los expertos sitúan a partir de las 72 horas el plazo «razonable» para las alegaciones. Leer
Un vacío legal dificulta a las empresas la ejecución de los despidos disciplinarios
